El protocolo firmado por Instituciones Penitenciarias y los sindicatos UGT y CSIF (no lo aceptado ACAIP, CCOO…) contemplaba un catálogo de medidas para intentar frenar las agresiones de presos a funcionarios, que entre 2011 y agosto de 2016 habían sufrido una media diaria de una agresión con lesiones en toda España, salvo Cataluña.
Entre otras medidas, se reforzó la investigación interna ante las denuncias de agresiones por parte de los funcionarios víctimas de conductas violentas de los internos. Sin embargo, ahora que este protocolo ya lleva meses en vigor algunas fuentes internas critican un efecto paradójico que está provocando esta nueva normativa de Instituciones Penitenciarias.
Así lo aseguran a El Confidencial Digital desde la Agrupación Profesional de Funcionarios de Prisiones, que indican que en estos meses han detectado casos de funcionarios que prefieren no denunciar las agresiones.
El motivo es que ahora la denuncia da inicio a un proceso de investigación interna sobre el incidente. Los críticos con el protocolo ya advirtieron de que causaría problemas, debido a que en estas investigación también se analiza y evalúa la actuación del funcionario de prisiones.
De forma que al denunciar una agresión, el funcionario puede acabar provocando que reciba una sanción. El protocolo contempla estudiar si el funcionario agredido cumplió todas las instrucciones a rajatabla: “Así que te pueden sancionar, y en la intervención en la que te agredieron no llevabas los guantes, o si no has activado todos los medios…”, lamentan las fuentes consultadas.
Ese efecto colateral está provocando que en muchos casos los trabajadores de las cárceles se abstengan de denunciar casos de agresiones. Eso, según avanzan desde APFP, se verá confirmado cuando se conozcan las estadísticas de agresiones de 2017: bajarán, pero según critican, no porque se hayan reducido las agresiones, sino porque habrá menos denuncias registradas.
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